Desafío: Regulación Mínima

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Quiz sobre el Principio de Regulación Mínima en Costa Rica

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Siegbert Helfrich G

Costa Rica

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Desafío: Regulación Mínima


Desafío: Regulación MínimaVersion en ligne Quiz sobre el Principio de Regulación Mínima en Costa Rica par Siegbert Helfrich G 1 La LGAP establece en sus artículos 6, 11 y 12 principios y límites que sostienen la regulación mínima, incluyendo la jerarquía normativa y la prohibición de cargas no autorizadas por la ley. Sí No 2 La doctrina citada, incluido el voto N° 440-98 de la Sala Constitucional, conecta la legalidad con la regulación mínima como corolario del Estado de Derecho. Sí No 3 El decreto 40910 no contempla ninguna evaluación de costo-beneficio ni criterios de eficiencia. Sí No 4 El Principio de Regulación Mínima aparece explícitamente en una ley específica con ese nombre en Costa Rica, descrito de forma detallada. Sí No 5 El artículo 11 de la Constitución Política afirma que la Administración sólo puede actuar cuando lo permite el ordenamiento jurídico, fortaleciendo la idea de regulación mínima. Sí No 6 El artículo 132 de la LGAP señala que los servidores deben actuar conforme a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia, para reducir cargas innecesarias. Sí No 7 La discrecionalidad administrativa siempre justifica una carga regulatoria amplia, según la jurisprudencia citada. Sí No 8 Las regulaciones pueden imponerse sin autorización legal si la autoridad considera que sirve al interés público. Sí No 9 La regulación mínima exige evaluaciones costo-beneficio para todas las regulaciones sin excepción, sin importar el contexto. Sí No 10 El Principio de Regulación Mínima busca que la regulación sea clara, esencial y orientada únicamente a resolver o prevenir problemas reales que afecten el interés público, reduciendo cargas innecesarias. Sí No

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par Siegbert Helfrich G

La LGAP establece en sus artículos 6, 11 y 12 principios y límites que sostienen la regulación mínima, incluyendo la jerarquía normativa y la prohibición de cargas no autorizadas por la ley.

La doctrina citada, incluido el voto N° 440-98 de la Sala Constitucional, conecta la legalidad con la regulación mínima como corolario del Estado de Derecho.

El decreto 40910 no contempla ninguna evaluación de costo-beneficio ni criterios de eficiencia.

El Principio de Regulación Mínima aparece explícitamente en una ley específica con ese nombre en Costa Rica, descrito de forma detallada.

El artículo 11 de la Constitución Política afirma que la Administración sólo puede actuar cuando lo permite el ordenamiento jurídico, fortaleciendo la idea de regulación mínima.

El artículo 132 de la LGAP señala que los servidores deben actuar conforme a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia, para reducir cargas innecesarias.

La discrecionalidad administrativa siempre justifica una carga regulatoria amplia, según la jurisprudencia citada.

Las regulaciones pueden imponerse sin autorización legal si la autoridad considera que sirve al interés público.

La regulación mínima exige evaluaciones costo-beneficio para todas las regulaciones sin excepción, sin importar el contexto.

El Principio de Regulación Mínima busca que la regulación sea clara, esencial y orientada únicamente a resolver o prevenir problemas reales que afecten el interés público, reduciendo cargas innecesarias.