Un abogado actúa como apoderado judicial de una empresa en un proceso de responsabilidad extracontractual. Durante el proceso, la empresa gira al abogado la suma necesaria para pagar el monto conciliado judicialmente y cerrar el litigio. Sin embargo, el abogado no consigna los recursos en el término fijado por el juez, lo que causa la pérdida de la oportunidad de conciliación, el reinicio del proceso y la imposición de intereses moratorios. A raíz de esto, la empresa debe asumir un mayor costo por la deuda laboral.

Tras varios requerimientos, el abogado finalmente gira los recursos no utilizados a la cuenta bancaria de la empresa, sin rendir informe alguno sobre las razones del incumplimiento. La empresa presenta queja disciplinaria, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial formula cargos con fundamento en el numeral 5 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

El abogado es sancionado con suspensión por tres meses. Tanto él como la empresa presentan recursos de apelación.