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Derecho constitucional II (part4)Version en ligne
Derecho constitucional II
El
artículo
10
.
2
CE
presenta
una
singular
importancia
,
al
conectar
los
tratados
internacionales
con
la
interpretación
de
los
.
Un
tratado
internacional
puede
ser
o
,
según
se
celebre
entre
dos
o
más
Estados
;
además
,
los
tratados
pueden
celebrarse
entre
Estados
y
.
Los
tratados
internacionales
pueden
recibir
muy
diversas
denominaciones
,
si
bien
la
ley
25
/
2014
especifica
que
han
de
celebrarse
siempre
.
Un
complementa
a
un
tratado
anterior
.
El
tiene
la
iniciativa
y
la
responsabilidad
respecto
de
la
participación
de
España
en
un
tratado
,
ya
que
el
art
.
97
CE
le
atribuye
la
dirección
de
la
.
La
diferencia
entre
los
diversos
tipos
de
tratados
está
en
la
función
que
respecto
de
cada
uno
de
ellos
tienen
que
realizar
las
.
Los
tratados
que
atribuyan
a
una
organización
internacional
el
ejercicio
de
competencias
derivadas
de
la
Constitución
(
art
.
93
CE
)
,
necesitan
la
autorización
de
las
Cortes
mediante
.
Solo
el
tiene
la
iniciativa
respecto
de
las
leyes
orgánicas
para
autorizar
los
tratados
de
especial
relevancia
constitucional
(
art
.
93
CE
)
.
Durante
la
tramitación
de
dicha
ley
orgánica
,
las
Cortes
pueden
denegar
o
aplazar
la
autorización
del
tratado
,
o
plantear
o
declaraciones
interpretativas
al
mismo
;
pero
en
ningún
caso
pueden
.
La
práctica
totalidad
de
ocasiones
en
que
se
ha
utilizado
el
procedimiento
de
autorización
de
tratados
previsto
en
el
art
.
93
CE
,
ha
sido
en
relación
con
la
.
La
manifestación
del
consentimiento
del
Estado
para
quedar
obligado
por
un
tratado
internacional
se
denomina
.
Para
que
un
tratado
quede
plenamente
integrado
en
el
ordenamiento
español
,
es
necesaria
la
publicación
del
de
en
el
Boletín
Oficial
del
Estado
,
que
incluirá
,
en
su
caso
,
las
declaraciones
o
que
formule
el
Estado
español
.
La
autorización
para
los
tratados
mencionados
en
el
artículo
94
.
1
CE
solo
puede
ser
dada
por
el
de
las
Cámaras
,
no
por
las
(
art
.
75
.
3
CE
)
,
y
primero
la
da
el
y
después
el
.
Los
tratados
o
convenios
que
afectan
a
derechos
y
deberes
fundamentales
establecidos
en
el
Título
I
de
la
Constitución
requieren
la
previa
de
las
.
También
los
que
impliquen
obligaciones
financieras
para
la
,
o
los
que
supongan
la
modificación
o
derogación
de
alguna
.
Las
Cámaras
pueden
denegar
o
aplazar
la
autorización
de
los
tratados
mencionados
en
el
art
.
94
.
1
CE
,
y
ello
se
formula
como
una
.
En
el
procedimiento
de
autorización
parlamentaria
de
los
tratados
a
los
que
se
refiere
el
art
.
94
.
1
CE
(
previsto
en
el
art
.
74
.
2
)
,
si
hay
discrepancia
entre
el
Congreso
y
el
Senado
,
ésta
ha
de
ser
resuelta
por
una
.
Si
así
no
se
resuelve
la
discrepancia
,
la
decisión
final
corresponde
a
la
del
.
Según
el
art
.
94
.
2
CE
,
"
El
Congreso
y
el
Senado
serán
inmediatamente
de
la
conclusión
de
los
restantes
tratados
o
convenios
"
.
La
tarea
de
calificar
a
qué
tipo
corresponde
un
tratado
que
se
pretende
ratificar
,
corresponde
al
(
Ministerio
de
)
,
y
también
es
necesario
un
dictamen
del
.
Una
vez
enviado
el
texto
del
tratado
a
las
Cortes
,
la
puede
recalificarlo
.
Las
fases
previas
a
la
ratificación
de
un
tratado
son
:
la
,
la
Y
y
la
.
La
ratificación
de
un
tratado
corresponde
al
(
art
.
63
.
2
CE
)
,
refrendado
por
el
(
art
.
64
.
1
CE
)
.
pág
.
262
A
partir
de
la
,
un
tratado
está
válidamente
celebrado
,
y
el
Estado
queda
obligado
por
él
.
Sin
embargo
,
es
necesaria
la
oficial
para
que
el
tratado
sea
aplicable
como
parte
del
ordenamiento
jurídico
interno
.
El
artículo
96
CE
considera
a
los
tratados
internacionales
fuente
del
Derecho
interno
.
Para
ello
,
exige
tanto
la
celebración
como
la
íntegra
,
siendo
esto
último
la
condición
para
su
.
Los
tratados
internacionales
están
sometidos
a
control
de
constitucionalidad
por
el
.
Según
el
artículo
95
CE
,
ese
control
puede
producirse
a
la
obligatoriedad
del
tratado
.
El
,
el
o
el
pueden
requerir
al
Tribunal
Constitucional
para
que
declare
si
existe
contradicción
entre
la
Constitución
y
un
que
se
pretende
ratificar
(
artículo
95
CE
)
.
Además
del
control
previo
de
constitucionalidad
los
tratados
internacionales
(
arts
.
95
CE
y
78
LOTC
)
,
es
posible
el
control
de
los
mismos
una
vez
que
ya
están
ratificados
y
vigentes
,
y
ello
a
través
del
o
de
la
.
En
virtud
del
artículo
10
.
2
CE
,
los
tratados
ratificados
por
España
en
materia
de
derechos
fundamentales
,
no
solo
forman
parte
del
ordenamiento
jurídico
español
(
art
.
96
.
1
CE
)
,
sino
que
son
referentes
obligados
para
.
Según
el
Tribunal
Constitucional
,
aunque
el
artículo
10
.
2
CE
"
no
da
rango
"
a
los
tratados
sobre
derechos
humanos
,
determinan
"
los
perfiles
exactos
"
del
contenido
de
los
derechos
(
STC
28
/
1991
)
.
A
la
hora
de
interpretar
el
contenido
y
alcance
de
los
derechos
que
la
Constitución
reconoce
,
no
solo
hay
que
tener
en
cuenta
el
texto
de
los
tratados
,
sino
la
interpretación
de
estos
por
los
correspondientes
órganos
jurisdiccionales
,
y
en
especial
"
la
doctrina
sentada
por
el
"
(
STC
36
/
1984
)
.
Como
parte
que
son
del
ordenamiento
jurídico
español
(
artículo
96
.
1
CE
)
,
los
tratados
relativos
a
derechos
fundamentales
pueden
ser
alegados
directamente
ante
los
.
Un
derecho
puede
ser
directamente
alegado
como
si
está
reconocido
como
tal
en
un
tratado
,
aunque
la
Constitución
lo
reconozca
como
mero
principio
.
Los
tratados
que
exigen
previa
autorización
de
las
Cortes
(
artículos
93
y
94
.
1
CE
)
tienen
fuerza
activa
frente
a
la
ley
,
es
decir
,
pueden
o
.
Ello
se
debe
a
que
la
autorización
parlamentaria
la
modificación
de
una
ley
.
Cualquier
juez
deberá
una
norma
española
(
ley
o
reglamento
)
contraria
a
un
anterio
r
Según
el
Tribunal
Constitucional
(
STC
140
/
2018
)
,
el
control
de
(
análisis
de
si
las
leyes
internas
son
o
no
compatibles
con
los
tratados
)
no
es
un
juicio
de
validez
de
la
norma
interna
,
sino
un
problema
de
del
Derecho
aplicable
.
Todo
tratado
internacional
puede
modificar
o
derogar
un
anterior
,
y
prevalece
en
cualquier
caso
respecto
de
un
posterior
.
Cualquier
reglamento
posterior
contrario
a
un
tratado
internacional
,
debe
por
el
.
El
Derecho
de
la
Unión
Europea
se
compone
de
normas
de
Derecho
y
normas
de
Derecho
.
Componen
el
de
la
Unión
Europea
los
tratados
internacionales
constitutivos
o
fundacionales
,
y
todas
sus
modificaciones
.
Actualmente
,
el
Derecho
primario
de
la
Unión
Europea
está
esencialmente
condensado
en
el
y
en
el
,
desde
el
Tratado
de
de
2007
.
Los
tratados
de
adhesión
de
los
distintos
países
a
la
Unión
Europea
forman
parte
del
.
Por
parte
de
España
,
los
tratados
que
forman
parte
del
Derecho
originario
o
primario
de
la
Unión
Europea
han
sido
ratificados
siguiendo
la
vía
del
artículo
93
CE
,
esto
es
,
a
través
de
.
El
Derecho
primario
u
originario
hace
el
papel
de
"
Derecho
"
de
la
Unión
Europea
.
El
Derecho
de
la
Unión
Europea
es
el
producido
siguiendo
las
normas
de
producción
jurídica
determinadas
por
el
Derecho
originario
:
son
las
normas
generadas
válidamente
por
el
poder
normativo
de
las
comunitarias
.
Entre
las
diferentes
normas
de
Derecho
derivado
de
la
Unión
Europea
,
no
hay
relación
.
Además
,
no
es
necesaria
su
para
su
aplicación
en
España
.
Dentro
del
Derecho
derivado
de
la
Unión
,
se
distinguen
los
actos
unilaterales
con
fuerza
normativa
(
,
,
)
,
y
los
actos
unilaterales
sin
fuerza
normativa
(
,
,
,
)
.
Los
acuerdos
internacionales
firmados
por
la
Unión
Europea
con
países
terceros
o
con
organizaciones
internacionales
,
así
como
entre
los
Estados
miembros
y
entre
las
instituciones
de
la
Unión
,
se
denominan
.
La
,
el
y
los
se
consideran
fuentes
de
Derecho
subsidiario
de
la
Unión
Europea
.
El
es
una
norma
de
alcance
general
,
plena
y
directamente
obligatoria
para
todos
los
Estados
miembros
de
la
Unión
Europea
y
sus
ciudadanos
,
sin
necesidad
de
un
acto
de
interna
.
El
Reglamento
Europeo
de
Protección
de
Datos
(
UE
)
2016
/
679
de
27
de
abril
,
regula
por
primera
vez
y
de
modo
exhaustivo
un
,
y
actúa
como
norma
para
el
caso
de
que
no
haya
Derecho
nacional
aplicable
(
Ley
Orgánica
3
/
2018
)
.
Las
directivas
obligan
al
cumplimiento
de
resultados
y
,
pero
no
respecto
a
los
utilizados
por
cada
Estado
,
lo
cual
dependerá
de
su
propio
sistema
de
fuentes
.
La
mala
de
una
directiva
,
o
que
esta
no
se
haya
llevado
a
cabo
,
genera
incumplimiento
y
da
lugar
a
la
posible
del
Estado
miembro
,
a
través
de
multas
e
,
incluso
,
posible
indemnización
a
los
.
Excepcionalmente
,
la
jurisprudencia
comunitaria
reconoce
a
las
directivas
si
el
Estado
miembro
no
las
transpone
o
lo
hace
mal
,
sobre
todo
para
reconocer
que
la
misma
pudiera
implicar
para
los
particulares
.
Las
,
en
el
ámbito
de
la
Unión
Europea
,
son
actos
legislativos
obligatorios
,
bien
sea
de
aplicación
general
(
en
cuyo
caso
obligan
desde
su
publicación
en
el
Diario
Oficial
de
la
UE
)
,
bien
dirigidas
a
un
destinatario
concreto
,
en
cuyo
caso
obligan
desde
su
.
En
virtud
del
principio
de
,
España
ha
cedido
a
la
Unión
Europea
el
ejercicio
de
competencias
soberanas
.
El
Tribunal
Constitucional
solo
puede
controlar
la
constitucionalidad
del
Derecho
de
la
Unión
Europea
(
que
son
tratados
internacionales
)
;
si
bien
también
son
controlables
los
de
los
españoles
que
ejecuten
Derecho
de
la
Unión
.
Un
acto
de
un
poder
público
español
que
,
habiendo
sido
dictado
en
ejecución
del
Derecho
comunitario
europeo
,
pudiera
lesionar
un
derecho
fundamental
,
puede
ser
controlado
por
el
Tribunal
Constitucional
a
través
del
(
STC
58
/
2004
)
.
El
asunto
Melloni
supuso
por
primera
vez
que
el
Tribunal
Constitucional
español
planteara
una
ante
el
Tribunal
de
Justicia
de
la
Unión
Europea
,
sobre
la
ejecución
en
España
de
una
decisión
europea
(
orden
europea
de
detención
)
que
podía
vulnerar
derechos
fundamentales
.
Los
dos
principios
básicos
,
ambos
interrelacionados
,
que
junto
con
el
de
autonomía
articulan
y
resuelven
la
relación
entre
el
Derecho
de
la
Unión
Europea
y
el
ordenamiento
interno
,
son
los
de
y
del
Derecho
de
la
Unión
.
En
virtud
del
principio
del
efecto
directo
,
todo
particular
puede
solicitar
al
juez
nacional
la
del
Derecho
nacional
interno
que
sea
contrario
al
Derecho
aplicable
de
la
Unión
.
En
concreto
,
los
ciudadanos
pueden
exigir
,
además
,
la
aplicación
de
una
no
transpuesta
una
vez
expirado
el
plazo
,
o
mal
transpuesta
,
siempre
que
sea
clara
e
imponga
obligaciones
concretas
.
El
Tribunal
de
Justicia
de
la
Unión
Europea
(
Sentencia
de
19
de
noviembre
de
2019
,
asuntos
C
-
609
/
17
y
C
-
610
/
17
)
,
solo
reconoce
la
facultad
de
establecer
obligaciones
con
efectos
inmediatos
a
cargo
de
particulares
en
aquellas
materias
en
las
que
la
Unión
tenga
la
competencia
de
adoptar
.
El
principio
de
efecto
directo
se
apoya
sobre
el
principio
de
primacía
del
Derecho
comunitario
,
que
tiene
un
origen
.
El
principio
de
primacía
del
Derecho
de
la
Unión
Europea
supone
para
los
jueces
españoles
la
aplicación
del
Derecho
de
la
Unión
de
conformidad
con
la
jurisprudencia
del
,
así
como
la
de
el
Derecho
español
si
lo
consideran
contrario
al
Derecho
de
la
Unión
,
incluida
dicha
jurisprudencia
.
Para
el
Tribunal
Constitucional
,
la
del
Derecho
de
la
Unión
Europea
es
compatible
con
la
de
la
Constitución
.
"
El
respeto
a
la
identidad
nacional
de
los
Estados
,
inherente
a
sus
estructuras
fundamentales
políticas
y
constitucionales
"
(
artículo
4
.
2
TUE
)
opera
como
a
la
del
Derecho
de
la
Unión
.
Según
el
Tribunal
Constitucional
,
no
existe
una
primacía
general
del
Derecho
europeo
sobre
todo
el
Derecho
español
,
sino
que
esa
primacía
se
limita
a
las
de
la
Unión
Europea
,
cuyo
ejercicio
España
ha
cedido
a
través
del
artículo
93
CE
.
El
Tribunal
Constitucional
(
SSTC
141
/
1993
,
145
/
2012
)
recuerda
la
"
obligación
de
cumplimiento
de
las
normas
de
Derecho
Comunitario
"
,
aunque
estas
no
tengan
"
rango
fuerza
"
,
del
Derecho
interno
"
.
Según
el
Tribunal
Constitucional
(
STC
58
/
2004
)
,
los
jueces
y
tribunales
ordinarios
,
para
respetar
el
derecho
a
un
proceso
con
todas
las
garantías
(
art
.
24
CE
)
,
deben
plantear
la
ante
el
TJUE
si
hay
una
duda
"
objetiva
,
clara
y
terminante
"
sobre
la
posible
contradicción
entre
la
norma
interna
y
el
Derecho
de
la
Unión
.
¿
cuestión
prejudicial
?
Desde
el
punto
de
vista
del
Tribunal
de
Justicia
de
la
Unión
Europea
(
sentencia
de
26
de
febrero
de
2013
,
caso
Melloni
)
,
el
Derecho
de
la
Unión
prima
,
incluso
,
sobre
los
de
la
Constitución
de
un
Estado
miembro
.
Frente
a
recientes
pronunciamientos
de
Tribunales
Constitucionales
nacionales
(
Alemania
,
Rumania
,
Polonia
)
contrarios
a
la
primacía
del
Derecho
de
la
Unión
Europea
,
el
Tribunal
de
Justicia
se
ha
reivindicado
como
el
para
declarar
que
un
acto
de
una
institución
de
la
Unión
es
contrario
al
.
Según
el
principio
de
,
la
Unión
solo
es
competente
para
"
legislar
"
cuando
su
actuación
sea
más
eficaz
que
la
de
los
Estados
o
entes
regionales
o
locales
más
próximos
a
la
ciudadanía
.
En
la
Unión
Europea
existe
un
mecanismo
de
"
alerta
temprana
"
para
que
los
puedan
velar
por
el
respeto
al
principio
de
subsidiariedad
.
Para
ello
,
los
deben
recibir
los
proyectos
de
"
actos
legislativos
"
de
la
Unión
,
para
poder
verificar
si
cumplen
o
no
con
dicho
principio
.
Los
(
órgano
jurisdiccional
unipersonal
)
y
los
(
órgano
jurisdiccional
colegiado
formado
por
/
)
,
se
encargan
de
las
normas
a
los
casos
concretos
.
Se
llama
jurisdicción
u
al
conjunto
de
jueces
y
tribunales
que
conocen
de
asuntos
relacionados
con
una
rama
del
Derecho
.
El
,
pese
a
su
nombre
,
no
pertenece
al
poder
judicial
.
Los
órdenes
o
jurisdicciones
civil
,
penal
,
contencioso
-
administrativa
y
social
integran
la
(
Poder
Judicial
)
.
La
jurisdicción
-
resuelve
los
conflictos
surgidos
por
la
actuación
de
la
Administración
pública
,
o
en
general
por
la
aplicación
del
Derecho
Administrativo
.
Normalmente
,
dentro
de
la
jurisdicción
ordinaria
,
la
última
instancia
judicial
se
conoce
como
"
"
,
y
corresponde
en
España
al
.
En
sentido
estricto
,
se
denomina
en
España
"
"
al
criterio
constante
y
uniforme
de
aplicar
el
Derecho
mostrado
en
las
sentencias
del
Tribunal
Supremo
.
El
Código
Civil
considera
a
la
jurisprudencia
como
una
fuente
"
"
del
Derecho
.
El
papel
unificador
de
la
doctrina
del
Tribunal
Supremo
reduce
notablemente
las
diferencias
en
cuanto
al
papel
del
en
el
sistema
jurídico
español
y
en
los
países
del
"
common
law
"
.
aquí
precedente
es
porque
ya
ha
mencionado
al
TS
?
Según
el
Tribunal
Constitucional
(
STC
37
/
2012
)
,
y
como
regla
general
,
la
que
tienen
a
título
individual
cada
juez
y
tribunal
,
les
permite
discrepar
,
mediante
un
razonamiento
fundado
en
Derecho
,
del
criterio
sentado
previamente
por
tribunales
superiores
.
Según
el
Tribunal
Constitucional
(
STC
57
/
2001
)
,
solo
con
una
"
adecuada
motivación
de
su
criterio
"
podrá
un
tribunal
apartarse
de
sus
propios
precedentes
;
y
la
causa
de
ello
son
los
derechos
fundamentales
a
la
(
art
.
24
CE
)
y
la
de
los
ciudadanos
(
art
.
14
CE
)
.
El
Tribunal
Constitucional
tiene
atribuido
(
art
.
1
LOTC
)
el
papel
de
"
intérprete
"
de
la
Constitución
y
garante
de
su
supremacía
,
por
lo
que
sus
sentencias
se
imponen
a
todos
los
poderes
del
Estado
,
incluido
el
legislativo
.
Según
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
,
los
jueces
y
tribunales
ordinarios
deben
interpretar
las
leyes
y
reglamentos
según
los
principios
constitucionales
,
tal
y
como
los
hayan
interpretado
las
resoluciones
del
.
Además
,
deben
aplicar
el
Derecho
de
la
Unión
Europea
de
conformidad
con
la
jurisprudencia
del
TJUE
.
El
Convenio
Europeo
de
Derechos
Humanos
de
1950
creó
el
.
Propiamente
hablando
,
la
única
"
jurisprudencia
"
existente
en
España
antes
de
la
Constitución
era
la
del
.
El
Tribunal
Constitucional
está
únicamente
sometido
a
la
y
a
(
art
.
1
.
1
LOTC
)
.
Según
el
art
.
161
.
1
.
a
)
CE
,
la
jurisprudencia
del
Tribunal
Constitucional
"
"
a
la
del
Tribunal
Supremo
,
si
bien
las
sentencias
ya
dictadas
no
perderán
el
valor
de
.
El
Tribunal
Constitucional
no
podrá
interferir
en
la
"
doctrina
legal
"
del
Tribunal
Supremo
,
salvo
que
sea
.
Según
el
art
.
40
.
2
LOTC
,
la
jurisprudencia
ordinaria
ha
de
entenderse
"
"
por
la
del
Tribunal
Constitucional
,
en
el
sentido
de
que
no
puede
volver
a
utilizarse
una
doctrina
del
Supremo
que
haya
sido
considerada
inconstitucional
.
La
Constitución
(
art
.
164
)
establece
que
las
sentencias
del
Tribunal
Constitucional
tienen
fuerza
de
y
no
cabe
alguno
contra
ellas
.
Las
sentencias
del
Tribunal
Constitucional
que
declaren
la
inconstitucionalidad
de
una
ley
tienen
efectos
.
La
sentencia
que
el
Tribunal
Constitucional
dicte
para
resolver
una
vinculará
al
juez
o
tribunal
que
la
planteó
desde
que
tenga
conocimiento
de
esta
(
art
.
38
.
3
LOTC
)
.
Como
consecuencia
del
art
.
10
.
2
CE
,
tanto
el
Tribunal
Supremo
como
el
Tribunal
Constitucional
recogen
cada
vez
con
más
frecuencia
en
sus
sentencias
la
doctrina
del
TEDH
,
cuya
jurisprudencia
es
obligatoria
para
España
desde
la
ratificación
,
en
1979
,
del
de
1950
.
La
jurisprudencia
del
,
que
interpreta
y
aplica
el
Derecho
Comunitario
,
se
impone
a
las
normas
y
sentencias
de
los
órganos
estatales
internos
.
Según
el
art
.
117
.
3
CE
,
al
le
corresponde
"
el
ejercicio
de
la
potestad
jurisdiccional
en
todo
tipo
de
procesos
,
juzgando
y
haciendo
ejecutar
lo
juzgado
"
.
El
es
el
órgano
jurisdiccional
superior
en
todos
los
órdenes
de
la
jurisdicción
ordinaria
.
Del
art
.
123
.
1
CE
se
deduce
que
la
función
jurisdiccional
está
reservada
en
exclusiva
a
los
jueces
y
tribunales
integrados
en
el
,
mientras
que
la
defensa
de
la
Constitución
está
encomendada
,
sobre
todo
,
aunque
no
exclusivamente
,
al
.
La
expresión
"
"
,
tomada
en
sentido
amplio
(
como
aplicación
jurisdiccional
de
la
Constitución
)
significa
que
todo
juez
y
tribunal
es
garante
de
la
Constitución
,
no
solo
el
Tribunal
Constitucional
.
Cuando
una
norma
es
de
rango
,
cualquier
juez
o
tribunal
ordinario
la
inaplicará
si
la
considera
inconstitucional
.
Esa
declaración
tendrá
efectos
,
salvo
que
se
trate
de
un
tribunal
competente
de
la
jurisdicción
contencioso
-
administrativa
,
que
podrá
declarar
su
nulidad
con
efectos
.
Los
jueces
y
tribunales
ordinarios
pueden
y
deben
enjuiciar
la
constitucionalidad
de
la
ley
que
aplican
,
para
decidir
si
procede
o
no
plantear
la
.
Como
regla
general
,
los
casos
concretos
de
lesión
de
derechos
fundamentales
son
juzgados
por
los
mediante
un
procedimiento
especial
(
art
.
53
.
2
CE
)
.
Los
ciudadanos
podrán
acudir
en
amparo
al
Tribunal
Constitucional
cuando
la
/
no
haya
sido
suficiente
para
reparar
la
lesión
del
derecho
,
o
cuando
esta
haya
sido
causada
por
los
propios
.
Incluso
la
propia
jurisprudencia
del
está
sometida
a
la
Constitución
.
Esta
puede
fijar
su
propio
sentido
,
distinto
al
que
le
había
dado
dicha
jurisprudencia
,
mediante
una
.
Del
art
.
1
.
1
del
Código
Civil
se
desprende
que
la
y
los
se
aplican
a
falta
de
norma
escrita
.
En
el
campo
del
Derecho
Constitucional
,
el
papel
de
la
costumbre
no
puede
tener
la
misma
fuerza
vinculante
que
las
normas
de
la
propia
Constitución
,
por
lo
que
el
papel
que
le
corresponde
es
y
del
texto
constitucional
.
La
falta
de
desarrollo
legislativo
de
algún
artículo
constitucional
,
o
la
falta
de
uso
de
un
artículo
,
pueden
acabar
por
convertirse
en
vinculantes
.
No
puede
aceptarse
como
fuente
del
Derecho
la
costumbre
contraria
a
la
,
aunque
sí
se
acepta
la
costumbre
(
a
falta
de
regulación
escrita
)
o
(
que
completa
o
interpreta
la
norma
escrita
,
incluida
la
Constitución
)
.
Las
costumbres
que
dan
contenido
preciso
a
una
norma
constitucional
que
admite
varias
interpretaciones
,
se
denominan
.
Se
denominan
las
que
llenan
una
laguna
que
la
Constitución
u
otra
norma
escrita
no
han
previsto
.
Y
se
denominan
las
que
dejan
sin
efecto
un
precepto
constitucional
,
por
desuso
,
o
por
cambio
de
significado
mediante
una
mutación
constitucional
.
Las
,
más
que
verdaderas
costumbres
(
normas
consuetudinarias
)
serían
normas
de
comportamiento
ético
o
corrección
política
,
cuyo
incumplimiento
podría
generar
rechazo
social
o
una
derrota
electoral
,
pero
no
una
sentencia
judicial
exigiendo
su
cumplimiento
.
Las
"
normas
de
corrección
constitucional
"
están
ligadas
a
los
parlamentarios
y
a
la
constitucional
.
Una
costumbre
es
una
,
aunque
sea
consuetudinaria
.
Las
costumbres
y
convenciones
constitucionales
,
usos
parlamentarios
y
figuras
análogas
,
tendrán
o
no
valor
como
fuente
del
Derecho
en
la
medida
en
que
los
estén
dispuestos
a
dárselo
,
aplicándolas
en
la
forma
y
con
las
limitaciones
que
decidan
.
Los
principios
generales
del
Derecho
pasan
a
ser
,
con
el
máximo
rango
,
cuando
son
incluidos
en
el
texto
constitucional
.
Ejemplos
de
ello
serían
la
jerarquía
normativa
,
la
seguridad
jurídica
(
art
.
9
.
3
)
,
la
legalidad
penal
(
art
.
25
)
o
la
(
art
.
24
)
.
Principios
generales
como
el
de
la
contradicción
procesal
,
el
iura
novit
curia
,
o
el
non
bis
in
idem
,
no
están
expresamente
en
la
Constitución
,
pero
han
sido
reconocidos
por
el
.
Los
principios
generales
del
Derecho
no
reconocidos
en
la
Constitución
,
son
fuente
secundaria
o
,
inspiran
las
leyes
y
la
,
sirven
para
interpretar
las
normas
,
y
contribuyen
a
dotar
de
al
ordenamiento
jurídico
.
Además
,
pueden
ser
fuente
directa
del
Derecho
cuando
las
normas
jurídicas
no
contemplen
un
caso
concreto
,
es
decir
,
cuando
exista
una
jurídica
.
La
doctrina
científica
puede
considerarse
fuente
del
Derecho
,
únicamente
en
la
medida
en
que
influya
en
las
decisiones
normativas
,
en
las
asambleas
constituyentes
,
o
en
las
resoluciones
.
Según
ha
declarado
el
Tribunal
Constitucional
,
la
opinión
de
juristas
,
jueces
y
especialistas
en
Derecho
(
doctrina
científica
)
se
convierte
en
punto
obligado
de
referencia
para
conocer
cuál
es
el
de
cada
derecho
fundamental
.
Según
el
art
.
37
.
1
de
la
Constitución
,
la
ley
garantizará
el
derecho
a
la
entre
representantes
de
los
trabajadores
y
los
empresarios
,
así
como
la
fuerza
vinculante
de
los
.
Los
convenios
colectivos
obligan
a
todos
los
sujetos
sometidos
a
su
ámbito
y
.
La
fuerza
vinculante
que
la
Constitución
reconoce
a
los
convenios
colectivos
ha
de
entenderse
como
un
mecanismo
de
del
derecho
a
la
negociación
colectiva
laboral
.
Los
llamados
convenios
colectivos
"
"
,
tendrán
únicamente
la
fuerza
vinculante
inter
-
partes
que
procede
de
su
propia
naturaleza
de
negocios
jurídicos
entre
particulares
.
Dentro
del
sistema
de
fuentes
,
el
convenio
colectivo
es
una
fuente
a
la
ley
.
La
puede
reservarse
para
sí
,
de
forma
excepcional
,
determinadas
materias
que
,
por
tanto
,
quedarían
excluidas
de
la
negociación
colectiva
laboral
(
STC
58
/
1985
)
.
A
la
hora
de
configurar
los
rasgos
del
(
procedimiento
,
requisitos
,
ámbito
,
etc
.
)
,
el
legislador
está
obligado
a
respetar
las
exigencias
,
así
como
la
naturaleza
de
este
instrumento
que
regula
las
relaciones
entre
los
sujetos
de
la
relación
laboral
.
En
caso
de
concurrencia
entre
una
ley
y
un
convenio
colectivo
,
el
principio
primará
(
STC
210
/
1990
)
,
salvo
que
pueda
ser
de
aplicación
preferente
por
su
mayor
.
El
derecho
a
la
negociación
colectiva
laboral
(
art
.
37
.
1
CE
)
busca
la
de
los
agentes
sociales
.
Los
titulares
del
derecho
son
los
representantes
de
los
y
de
los
.
Los
convenios
colectivos
regulan
las
relaciones
laborales
,
condiciones
de
trabajo
,
etc
.
,
estableciendo
reglas
negociadas
colectivamente
,
que
están
por
encima
de
las
relaciones
individuales
pactadas
en
el
entre
el
empresario
y
el
trabajador
.
El
Tribunal
Constitucional
ha
considerado
como
lesivos
de
la
(
art
.
28
.
1
CE
)
aquellos
comportamientos
que
impidan
u
obstaculicen
la
negociación
colectiva
,
por
lo
que
este
último
derecho
,
pese
a
estar
ubicado
en
el
art
.
37
CE
,
gozaría
de
la
protección
por
medio
del
.
En
España
,
la
igualdad
se
ha
configurado
constitucionalmente
como
superior
(
art
.
1
.
1
CE
)
,
como
(
art
.
9
.
2
)
y
como
(
art
.
14
)
.
Encontramos
menciones
concretas
a
la
igualdad
en
la
Constitución
respecto
del
acceso
a
/
(
art
.
23
)
,
la
contribución
a
los
(
art
.
31
)
,
el
derecho
a
contraer
(
art
.
32
)
,
respecto
de
los
con
independencia
de
su
filiación
(
art
.
39
.
2
)
,
o
en
el
marco
de
la
descentralización
(
arts
.
139
y
149
.
1
.
1
)
.
Según
el
Tribunal
Constitucional
,
la
igualdad
en
la
ley
opera
frente
al
o
al
poder
,
mientras
que
la
igualdad
ante
la
ley
exige
que
esta
sea
de
un
modo
igual
a
todos
los
que
se
encuentran
en
la
misma
situación
.
El
principio
y
derecho
a
la
igualdad
del
art
.
14
,
incluye
la
igualdad
la
ley
,
la
igualdad
la
ley
,
y
la
prohibición
de
.
El
artículo
9
.
2
CE
recoge
el
principio
de
igualdad
,
que
obliga
al
Estado
a
actuar
en
la
sociedad
para
alcanzar
la
igualdad
real
,
no
solo
entendida
como
igualdad
de
resultados
,
sino
también
como
la
búsqueda
de
la
igualdad
de
o
puntos
de
partida
.
La
igualdad
no
exige
la
identidad
de
trato
,
sino
que
el
trato
diferente
no
sea
.
Para
que
no
lo
sea
,
a
los
supuestos
jurídicamente
iguales
les
corresponde
un
trato
igual
,
salvo
que
exista
una
justificación
,
y
.
El
derecho
a
la
igualdad
es
ante
la
ley
,
pero
no
fuera
de
la
ley
.
Por
eso
,
no
se
puede
pretender
el
derecho
a
recibir
un
tratamiento
igual
pero
.
Además
,
el
derecho
a
la
igualdad
no
incluye
un
derecho
a
ser
tratado
.
La
lista
de
discriminaciones
que
el
artículo
14
CE
pretende
eliminar
(
nacimiento
,
raza
,
sexo
,
religión
,
opinión
)
no
es
una
lista
cerrada
,
sino
que
queda
abierta
a
la
y
,
debido
al
art
.
10
.
2
CE
,
a
los
en
la
materia
.
Las
medidas
que
tratan
de
beneficiar
a
un
colectivo
respecto
del
cual
la
discriminación
está
prohibida
,
se
denominan
.
Respecto
del
principio
de
igualdad
,
como
regla
general
,
el
acusado
de
tiene
que
probar
que
no
lo
ha
hecho
.
Sin
embargo
,
en
las
llamadas
"
discriminaciones
"
,
quien
afirma
la
discriminación
tiene
que
probar
que
la
medida
aparentemente
neutra
no
lo
es
,
porque
incide
especialmente
en
un
colectivo
.
Se
habla
de
"
discriminaciones
"
cuando
los
tratos
diferentes
a
un
colectivo
especialmente
prohibido
de
discriminar
esconden
una
verdadera
finalidad
discriminatoria
.
Los
"
derechos
"
son
los
más
directamente
vinculados
a
la
dignidad
de
la
persona
del
art
.
10
.
1
CE
(
derechos
reaccionales
,
derechos
de
defensa
)
.
Según
la
Ley
Orgánica
3
/
2021
,
de
regulación
de
la
eutanasia
,
el
personal
sanitario
tiene
reconocido
el
derecho
a
la
.
Al
ser
el
derecho
a
la
integridad
física
un
derecho
ilimitado
(
STC
151
/
1997
)
,
nunca
podrá
afirmarse
que
una
fue
justificada
objetivamente
,
razonable
y
proporcionada
.
La
STC
56
/
2019
considera
ciertas
formas
de
acoso
laboral
como
una
lesión
de
la
integridad
.
Entre
las
garantías
relativas
a
la
detención
,
el
art
.
17
.
2
CE
fija
un
plazo
máximo
de
setenta
y
dos
horas
para
la
.
La
reserva
de
ley
especialmente
intensa
en
materia
de
privación
de
libertad
ha
llevado
a
declarar
inconstitucional
(
STC
84
/
2018
)
,
por
,
el
internamiento
no
voluntario
en
centro
psiquiátrico
tras
la
prisión
provisional
.
El
derecho
a
la
propia
imagen
(
art
.
18
.
1
CE
)
impide
la
,
O
de
la
propia
imagen
por
parte
de
un
tercero
no
autorizado
,
sea
cual
sea
su
finalidad
.
Este
derecho
,
junto
con
los
derechos
a
la
intimidad
y
al
HONOR
,
además
de
la
protección
,
cuentan
también
con
protección
civil
(
Ley
Orgánica
1
/
1982
)
.
La
sentencia
López
Ostra
(
1994
)
del
Tribunal
Europeo
de
Derechos
Humanos
,
reconoce
algunas
aspiraciones
medioambientales
por
conexión
con
el
derecho
a
la
.
El
artículo
18
.
3
CE
garantiza
el
secreto
de
las
comunicaciones
salvo
.
.
Para
que
el
empresario
pueda
controlar
la
información
y
comunicaciones
de
los
ordenadores
y
prohibir
determinados
usos
de
las
tecnologías
o
instalación
de
determinados
programas
por
el
trabajador
,
es
necesario
que
haya
(
SSTC
241
/
2012
,
170
/
2013
)
.
Según
la
STC
76
/
2019
,
el
"
derecho
fundamental
a
la
protección
de
datos
"
está
configurado
y
desarrollado
conjuntamente
,
de
forma
directa
o
supletoria
,
en
la
Ley
Orgánica
3
/
2018
,
y
en
el
de
la
Unión
Europea
.
El
derecho
ha
sido
reconocido
tanto
por
el
Tribunal
de
Justicia
de
la
Unión
Europea
(
STJUE
de
13
de
mayo
de
2014
)
como
por
el
Tribunal
Europeo
de
Derechos
Humanos
(
Sentencia
de
28
de
junio
de
2018
)
y
el
Tribunal
Constitucional
español
(
STC
58
/
2018
)
.
Y
a
nivel
normativo
,
tanto
por
el
Reglamento
Europeo
de
como
por
la
Ley
Orgánica
3
/
2018
.
Las
medidas
adoptadas
durante
el
primer
estado
de
alarma
por
el
COVID19
(
Real
Decreto
465
/
2020
)
afectaron
sobre
todo
a
la
libertad
de
(
art
.
19
CE
)
.
El
Tribunal
Constitucional
(
STC
de
14
de
julio
de
2021
)
consideró
aquel
confinamiento
una
de
derechos
,
que
solo
podría
haberse
operado
mediante
la
declaración
del
estado
de
.
A
diferencia
de
los
derechos
de
la
personalidad
,
que
se
tienen
,
las
se
ejercen
en
el
contexto
social
.
Según
el
Tribunal
Constitucional
,
las
libertades
informativas
gozan
de
un
"
valor
prevalente
"
cuando
entran
en
conflicto
con
otros
derechos
,
porque
no
solo
son
derechos
fundamentales
de
cada
ciudadano
,
sino
que
reconocen
y
garantizan
una
institución
política
fundamental
,
que
es
la
,
indiscutiblemente
unida
al
valor
fundamental
del
,
esencial
para
el
funcionamiento
del
Estado
democrático
(
STC
12
/
1982
)
.
El
artículo
16
CE
reconoce
el
orden
público
como
límite
a
la
manifestación
de
las
libertades
y
.
Ese
límite
es
entendido
e
interpretado
de
modo
muy
.
El
artículo
16
CE
reconoce
la
libertad
religiosa
tanto
a
las
personas
físicas
(
individuos
)
como
a
las
.
La
libertad
religiosa
,
según
la
Ley
Orgánica
7
/
1980
,
incluye
,
entre
otras
,
las
libertades
de
practicar
o
no
los
actos
de
,
recibir
de
la
propia
confesión
,
conmemorar
sus
o
sus
ritos
.
La
STC
191
/
2020
consideró
discriminatorias
unas
becas
de
estudios
universitarios
solamente
para
alumnos
matriculados
en
centros
públicos
,
por
vulnerar
los
derechos
a
la
y
a
la
.
Para
las
reuniones
en
lugares
de
tránsito
público
o
concentraciones
,
la
Constitución
(
art
.
21
.
2
)
exige
"
"
a
la
autoridad
.
Esta
,
solo
podrá
prohibirlas
"
cuando
existan
razones
fundadas
de
alteración
del
,
con
peligro
para
"
.
La
Ley
Orgánica
6
/
2002
fija
los
requisitos
y
condiciones
para
que
se
pueda
ilegalizar
un
.
La
única
ilegalización
hasta
la
fecha
ha
sido
llevada
a
cabo
por
la
Sentencia
del
de
27
de
marzo
de
2003
.
A
pesar
de
que
la
inscripción
de
las
asociaciones
en
un
registro
es
"
a
los
solos
efectos
de
"
(
art
.
22
.
3
CE
)
,
la
STC
219
/
2001
admite
que
en
el
registro
se
efectúa
un
de
la
constitucionalidad
de
la
asociación
.
La
garantía
del
art
.
22
.
4
CE
de
que
"
solo
podrán
ser
disueltas
o
suspendidas
en
sus
actividades
en
virtud
de
resolución
judicial
"
,
afecta
tanto
a
las
como
a
los
partidos
políticos
.
Según
el
Tribunal
Constitucional
,
la
libertad
de
creación
de
centros
docentes
(
art
.
27
.
6
CE
)
incluye
el
derecho
a
establecer
un
o
carácter
propio
.
El
legislador
ha
optado
por
la
práctica
desregulación
del
derecho
de
,
reconocido
en
el
art
.
28
.
2
CE
.
La
clave
para
la
mayor
o
menor
protección
constitucional
de
una
opinión
o
información
está
en
de
esta
.
Con
la
libre
expresión
se
protege
la
OPINIÓN
,
mientras
que
con
la
libertad
de
información
el
objeto
de
protección
es
,
por
más
que
puedan
mezclarse
o
confundirse
en
la
práctica
.
En
el
caso
de
la
,
los
límites
son
mínimos
,
y
cabe
recordar
que
el
no
está
protegido
por
ella
.
El
Tribunal
Constitucional
(
STC
235
/
2007
)
ha
afirmado
que
la
libertad
de
expresión
no
puede
ofrecer
cobertura
al
llamado
"
discurso
"
,
es
decir
,
a
aquel
desarrollado
en
términos
que
contengan
una
incitación
a
la
violencia
contra
ciudadanos
en
general
o
contra
determinadas
razas
o
creencias
en
particular
.
Sin
embargo
,
el
TEDH
ha
puesto
límites
a
la
persecución
penal
del
mismo
.
No
se
hace
responsable
al
medio
de
comunicación
por
las
"
cartas
al
director
"
,
ni
por
el
"
reportaje
"
,
aquel
en
el
que
el
medio
de
comunicación
"
no
hace
sino
reproducir
lo
que
un
tercero
ha
dicho
o
escrito
"
(
STC
134
/
1999
)
.
La
Sentencia
del
Tribunal
Europeo
de
Derechos
Humanos
de
16
de
junio
de
2015
(
Caso
Delfi
)
,
refleja
la
tendencia
a
hacer
responsable
al
de
los
contenidos
publicados
por
los
usuarios
,
por
no
haberlos
identificado
correctamente
.
El
criterio
básico
para
"
medir
"
la
"
veracidad
"
de
una
información
,
es
la
del
informador
en
la
búsqueda
de
la
verdad
,
y
ello
independientemente
de
la
licitud
de
sus
.
La
persigue
el
máximo
respeto
,
"
integración
y
aplicación
constitucionalmente
adecuada
de
los
derechos
en
juego
"
(
STC
49
/
2001
)
.
La
jurisprudencia
constitucional
es
sumamente
restrictiva
respecto
del
uso
de
,
tenga
o
no
relevancia
pública
lo
investigado
por
el
periodista
,
siendo
admisible
solo
excepcionalmente
y
como
último
recurso
(
SSTC
12
/
2012
,
25
/
2019
)
.
El
último
criterio
para
resolver
los
conflictos
planteados
en
torno
a
las
libertades
informativas
es
determinar
si
lo
expresado
o
informado
era
necesario
para
su
finalidad
,
y
su
contribución
para
la
formación
de
la
.
El
artículo
20
.
1
.
d
)
CE
recoge
el
derecho
a
la
,
que
es
el
derecho
del
periodista
a
resolver
el
contrato
ante
cambios
de
línea
u
orientación
ideológica
del
medio
para
el
que
trabaje
,
con
derecho
a
.
También
se
recoge
el
derecho
al
,
esto
es
,
a
no
revelar
las
fuentes
de
la
información
periodística
.
El
artículo
20
.
2
CE
prohíbe
la
,
y
el
art
.
20
.
5
establece
que
el
(
hacer
inaccesible
el
soporte
informativo
o
audiovisual
)
solo
podrá
acordarse
en
virtud
de
.
El
derecho
de
rectificación
en
internet
,
o
el
"
derecho
a
la
actualización
de
informaciones
en
medios
de
comunicación
digitales
"
,
se
encuentran
entre
los
llamados
"
"
recogidos
por
la
Ley
Orgánica
3
/
2018
.
El
derecho
a
la
participación
política
(
art
.
23
.
1
CE
)
se
reserva
,
como
regla
general
,
a
los
en
el
art
.
13
.
2
CE
.
El
contenido
del
derecho
a
la
participación
política
(
art
.
23
.
1
CE
)
se
limita
al
derecho
de
sufragio
y
en
las
elecciones
,
municipales
y
(
democracia
representativa
)
,
así
como
en
casos
de
referéndum
e
(
democracia
semidirecta
)
.
Las
SSTC
103
/
2013
y
125
/
2013
consideran
inconstitucional
que
puedan
ser
alcaldes
o
miembros
de
la
Junta
de
Gobierno
Local
quienes
no
hayan
sido
elegidos
como
.
Diversas
sentencias
del
Tribunal
Constitucional
de
2018
han
recordado
que
los
órganos
parlamentarios
no
deben
dar
curso
a
iniciativas
fundadas
en
resoluciones
suspendidas
por
el
Tribunal
Constitucional
,
ni
en
leyes
declaradas
.
El
derecho
de
acceso
a
cargos
públicos
(
art
.
23
.
2
CE
)
ha
sido
extendido
por
el
Tribunal
Constitucional
(
STC
5
/
1983
)
a
la
en
el
cargo
,
y
a
los
en
el
ejercicio
del
mismo
(
ius
in
officium
)
.
El
derecho
de
acceso
a
funciones
públicas
(
art
.
23
.
2
CE
)
se
encuentra
relacionado
con
los
principios
de
y
(
art
.
103
.
3
CE
)
.
El
derecho
de
petición
(
art
.
29
CE
)
se
encuentra
limitado
expresamente
en
cuanto
a
su
ejercicio
por
militares
(
art
.
29
.
2
)
,
y
en
cuanto
a
su
presentación
directa
por
ciudadanas
ante
las
(
art
.
77
.
1
CE
)
.
El
artículo
24
.
1
CE
reconoce
el
derecho
a
obtener
la
"
tutela
efectiva
de
los
jueces
y
tribunales
en
el
ejercicio
de
sus
derechos
e
intereses
legítimos
,
sin
que
en
ningún
caso
pueda
producirse
"
.
El
Tribunal
Constitucional
(
SSTC
4
/
1984
y
67
/
1984
)
incluye
dentro
del
derecho
a
la
tutela
judicial
efectiva
:
el
acceso
a
la
justicia
ya
sea
alegando
derechos
subjetivos
o
"
"
;
a
conseguir
una
resolución
fundada
en
derecho
,
y
con
las
alegaciones
presentadas
,
así
como
el
derecho
a
obtener
la
de
la
sentencia
.
El
derecho
a
ser
informado
de
la
acusación
,
el
derecho
a
no
declararse
culpable
y
el
derecho
a
la
presunción
de
inocencia
,
son
garantías
específicas
del
proceso
.
El
artículo
24
.
2
CE
se
remite
a
una
ley
para
los
casos
de
no
obligación
de
declarar
por
razón
de
o
de
.
La
jurisprudencia
constitucional
considera
que
el
artículo
25
.
1
CE
incluye
el
principio
,
esto
es
,
que
no
haya
duplicidad
de
sanciones
(
administrativa
o
penal
)
en
los
casos
en
que
se
aprecie
identidad
de
sujeto
,
hecho
y
fundamento
.
El
artículo
25
.
3
CE
prohíbe
las
sanciones
de
la
Administración
civil
que
impliquen
directa
o
indirectamente
,
por
lo
que
tales
sanciones
sí
son
posibles
en
el
ámbito
.
El
derecho
a
la
propiedad
privada
(
art
.
33
CE
)
incluye
la
garantía
de
no
privación
de
bienes
y
derechos
sin
causa
justificada
,
y
con
.
La
defensa
de
España
(
art
.
30
CE
)
,
el
trabajo
(
art
.
35
)
,
así
como
el
disfrute
y
la
conservación
del
medio
ambiente
(
art
.
45
)
aparecen
definidos
en
la
Constitución
como
y
como
.
El
artículo
34
CE
recoge
el
derecho
de
para
fines
de
interés
general
,
para
el
cual
rigen
determinados
límites
y
garantías
previstos
para
el
derecho
de
asociación
(
art
.
22
)
.
El
derecho
a
adoptar
medidas
de
conflicto
colectivo
(
art
.
37
.
2
CE
)
incluye
la
necesaria
garantía
de
los
para
la
comunidad
.
El
derecho
a
la
educación
incorpora
,
junto
a
su
contenido
primario
de
libertad
,
una
dimensión
.
La
educación
es
una
materia
asumida
por
las
CCAA
,
si
bien
la
jurisprudencia
del
Tribunal
Constitucional
ha
tendido
a
reforzar
las
competencias
en
la
materia
.
La
mayoría
de
los
principios
que
se
encuentran
en
el
Capítulo
III
del
Título
I
CE
,
son
expresión
del
carácter
del
Estado
(
art
.
1
.
1
CE
)
.
Según
el
artículo
53
.
3
CE
,
los
principios
contenidos
en
el
Capítulo
III
del
Título
I
,
"
la
legislación
positiva
,
la
práctica
y
la
actuación
de
los
PODERES
.
Solo
podrán
ser
alegados
ante
la
de
acuerdo
con
lo
que
dispongan
las
que
los
desarrollen
"
.
El
artículo
45
CE
impone
al
el
mandato
de
establecer
sanciones
penales
o
y
obligación
de
reparar
los
daños
causados
al
.
Algunos
contenidos
del
Capítulo
III
del
Título
I
,
como
la
protección
de
la
familia
(
art
.
39
)
,
la
existencia
de
un
sistema
público
de
Seguridad
Social
(
artículo
41
)
o
de
salud
pública
(
artículo
43
)
pueden
considerarse
garantías
.
Aunque
la
Constitución
no
considere
derechos
subjetivos
a
los
"
principios
rectores
"
del
Capítulo
III
del
Título
I
,
sí
están
recogidos
como
tales
en
numerosos
,
así
como
en
abundante
legislación
estatal
y
.
Algunos
derechos
sociales
pueden
tener
protección
a
través
del
recurso
de
amparo
por
con
un
derecho
fundamental
de
los
regulados
en
los
artículos
14
a
29
CE
.
Así
sucede
,
por
ejemplo
,
con
el
derecho
a
la
salud
(
art
.
43
)
respecto
del
derecho
a
la
(
art
.
15
)
.
En
las
SSTC
134
/
2017
o
140
/
2017
,
se
da
por
válida
la
regulación
del
derecho
a
la
salud
(
art
.
43
)
mediante
,
al
considerar
que
el
art
.
43
no
ostenta
las
características
de
los
derechos
cuya
regulación
impide
el
art
.
86
.
1
CE
.
Los
del
art
.
9
.
3
CE
,
en
ocasiones
tienen
conexión
con
diversos
,
pero
no
son
alegables
de
forma
autónoma
como
tales
.
El
artículo
125
CE
recoge
la
participación
en
la
justicia
,
dentro
del
ámbito
penal
,
por
medio
de
la
o
del
.
La
obligación
de
justicia
gratuita
(
art
.
119
CE
)
o
el
derecho
a
indemnización
por
error
judicial
conectan
con
el
derecho
a
la
del
art
.
24
CE
.
|
FFA Creed Paragraph 3
Complete the lyrics of the song with the words that appear on the right side