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Es el derecho y el deber de los ciudadanos y ciudadanas quienes, a través de la participación ciudadana, controlan el buen manejo de la gestión de lo público, a través de una diversidad de instrumentos y mecanismos.

Es la acción ilícita o ilegítima encubierta y deliberada de servidores públicos o personas privadas para favorecer intereses particulares, realizada vía cualquier medio o cuota de poder en espacios normativos institucionalizados y estructurados, afectando a intereses públicos, de sujetos colectivos, individuales y a la ética.

Se habla de este concepto cuando las personas establecemos una relación individual o colectiva con el Estado, para el ejercicio de derechos y responsabilidades. El ejercicio de la ciudadanía lleva implícito la búsqueda de iguales oportunidades para todos y todas, así como la participación responsable en la esfera pública.

Es un mecanismo de participación convocado por la autoridad (por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía) para atender peticiones o fundamentar decisiones.

Son espacios para la organización de personas, que se establecen con base en intereses comunes, y que tienen como objetivo dialogar y negociar con las autoridades y los gobiernos, para obtener atención a sus necesidades e intereses, y asegurar el buen gobierno de los asuntos públicos.