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Esta se conformó con cuerpos provinciales comandados por un intendente general, y con cuerpos policiales organizados con comisarios, inspectores, celadores y personal administrativo, con una estructura netamente civil.
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El sistema de seguridad y control del orden público existente en los territorios coloniales de lo que hoy es el Ecuador fue similar al que había entonces en España. Un Alguacil Mayor como jefe de la protección de la ciudad, y los alguaciles menores como sus ayudantes.
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El 29 de mayo de 1822, al incorporarse nuestro actual territorio a la República de la Gran Colombia como Distrito del Sur, el sistema policial colonial entró en decadencia por efectos de la transición política y el nuevo orden de cosas.
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El 4 de enero de 1938 el General Alberto Enríquez Gallo, Jefe Supremo de la República, dicta una nueva ley orgánica, por la cual se organiza militarmente a la institución
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autoridad máxima del ramo en toda la Audiencia, se mantiene el Comisario General para Quito y se crean siete comisarios de cuartel para los distintos barrios
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Personal policial subalterno, innovación efectuada por la Junta Provisional de Distrito con sede en Quito.
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Encargándo exclusivamente de la vigilancia nocturna de la ciudad. Este dependía operativamente en cada sector de la institución llamada el Alcalde de Barrio
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Al expedirse el 12 de diciembre de 1923 un nuevo reglamento general para la Organización y Servicio de la Policía, por parte del Presidente José Luis Tamayo, la Policía de Orden y Seguridad cambió a la nueva identidad de Policía Nacional, manteniendo su carácter civil, y asimismo, organizada en cuerpos provinciales.
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En 2008, la Constitución de la República integró en su texto nuevas consideraciones ancladas en las demandas sociales, lo cual constituye un nuevo reto para la Policía Nacional. Nuestra Carta Constitucional establece que la Policía Nacional es una institución estatal, obediente y no deliberante, de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.
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y el Juez de Aguas, quienes tenían relación con las actividades de construcción y agrícolas.
