INTRODUCCIÓN
EXPOSICIÓN
CONCLUSIÓN
CUERPO ARGUMENTATIVO
Según una encuesta del Eurobarómetro de 2017, el 77% de los ciudadanos europeos preferiría reparar sus electrodomésticos en lugar de sustituirlos por uno nuevo, pero Francia es el único país de la eurozona con una legislación que aplica penas de dos años de cárcel y multas de 300.000 € a las empresas que utilicen esta práctica. Por otra parte, se pretende también paliar las consecuencias más negativas de la obsolescencia programada: no sólo el derroche de materias primas y energía, sino también la gran cantidad de residuos innecesarios que generan los países avanzados en un planeta con recursos limitados.
Pero, ¿es ilegal esta práctica llamada obsolescencia programada? La Unión Europea no la considera de momento un delito, aunque en 2021 entrará en vigor una normativa de la Comisión Europea que obligará a las empresas a vender piezas de recambio de los electrodomésticos hasta diez años después de su compra. Algunas asociaciones en defensa de los derechos de los consumidores ya han calificado esta medida de débil e insuficiente.
¿A quién no se le ha estropeado alguna vez el frigorífico, el microondas, el secador de pelo, el móvil o el televisor y le han dicho que cuesta más el arreglo que comprar uno nuevo? Pero lo que muchos no saben es que este deterioro del producto ha sido programado por el fabricante para limitar su vida útil. ¿Y por qué una empresa quiere diseñar un producto que falle en un plazo corto de tiempo? Ni más ni menos que para obligar al consumidor a adquirir otro y, de esa manera, obtener unos ingresos periódicos asegurados.
España necesita una ley que ampare a los consumidores de la práctica abusiva de la obsolescencia programada. Como dijo Mahatma Gandhi: “El mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos, pero siempre será demasiado pequeño para satisfacer la avaricia de algunos”.