1
Consiste en que las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista durante el ejercicio de sus funciones.
2
Debe existir una oposición política con posibilidades reales de obtener un cargo de elección popular a través del voto. Es decir, la oportunidad de que la oposición se convierta en gobierno y las minorías en mayorías.
3
El derecho a participar en las elecciones debe extenderse a cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes respectivas; sin distinción por sexo, raza, religión, clase social, educación u otros.
4
Obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñados para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma.
5
Los cargos de elección popular deben renovarse tras un plazo establecido en la ley, mismo que siempre debe cumplirse.
6
La voluntad del electorado debe reflejarse de manera cierta y positiva en el resultado de los comicios.
7
Todos los actos y la información en poder de las autoridades electorales son públicos y solo por excepción se podrán reservar en los casos expresamente previstos por las leyes y justificados bajo determinadas circunstancias
8
situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable.
9
Es la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley para que no se emitan o desplieguen conductas discrecionales o arbitrarias al margen del texto normativo.
10
Deben permitir la representación de los diversos intereses de una comunidad política.
11
Consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades para que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a las que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales.
12
El electorado debe poder participar en las elecciones en un contexto de ejercicio pleno de las libertades políticas y civiles, además de que el gobierno en turno no puede intervenir en la selección de los candidatos o partidos políticos.
