Los mecanismos de control de los resultados dc la gestión pública én Colombia son de baja calidad, tanto en lo que se refiere al control puramente administrativo e interno de las instituciones, como al castigo penal a cargo de agentes externos (por ejemplo, el sistema judicial)

se presenta en el ambito publico y se considera un aspecto relevante de atencion.

reduce la calidad del servicio que las entidades prestan al público y, por consiguiente, crea estímulos tanto para que cliente ofrezca dinero a cambio de la obtención del servicio como para que el funcionario se involucre en este tipo de transacciones. La ineficiencia está asociada a la carencia o el pobre funcionamiento de los sistemas de planeación y control, lo que hace difícil diferenciar los efectos de las acciones corruptas, establecer las responsabilidades y aplicar los castigos.

no es considerada directamente como causa de la corrupción en tanto que no define propiamente este fenomeno.

La conformidad del funcionario público es en muchos casos resignación dizfrazada. En otros estrategia para permanecer en una oportunidad que probablemente no se repetirá, y en otros consecuencia de la falta de una adecuada motivación para entender con claridad el alcance de las tareas que están a su cargo".

la falta de estímulos en cuanto a posibilidades de surgimiento profesional se añaden los bajos salarios que pagan las entidades públicas. Las restricciones presupuestales han generado un descenso de los salarios de los funcionarios en términos reales y en particular en comparación con los niveles del sector privado. Los salarios de entrada son particularmente bajos, lo que refuerza la tendencia a la vinculación de los mejores profesionales recién egresados al sector privado.

o existen sistemas efectivos y generalizados de control de resultados, de modo que no se cuenta con los parámetros necesarios para medir la efectividad del desempeño. Frecuentemente existe confusión respecto de los propios objetivos de las instituciones. La falta de organizacion y planeación hace que sea muy difícil obtener información oportuna y exacta sobre los resultados de la gestión. Este solo factor es una de las principales explicaciones del caos administrativo y la corrupción.

Los mecanismos de control de los resultados dc la gestión pública én Colombia son de baja calidad, tanto en lo que se refiere al control puramente administrativo e interno de las instituciones, como al castigo penal a cargo de agentes externos (por ejemplo, el sistema judicial) . El control administrativo que debería ser llevado a cabo por cada entidad individual no es efectivo por varias razones. En primer término, como ya se mencionó, las entidades frecuentemente no tienen claridad sobre sus propios objetivos, los empleados no conocen tales objetivos adecuadamente y es imposible contar con este punto de referencia fundamental para la evaluación de resultados. Aparte de esta falla esencial, los procedimientos de control que existen no se cumplen. Existen mecanismos legales creados para llevar a los empleados a responder por sus responsabilidades, pero su efectividad es muy baja.

No existen sistemas efectivos y generalizados de control de resultados, de modo que no se cuenta con los parámetros necesarios para medir la efectividad del desempeño. Frecuentemente existe confusión respecto de los propios objetivos de las instituciones. La falta de organizacion y planeación hace que sea muy difícil obtener información oportuna y exacta sobre los resultados de la gestión.

as publicaciones de los medios de comunicación sobre el tema de la corrupción dependen casi en su totalidad de la información suministrada por los organismos fiscalizadores del gobierno, es decir, la Procuraduría y la Contraloría. Su labor se ha limitado ha servir de caja de resonancia del trabajo de estas dependencias.

Dado que los efectos del control son bajos y existe una multiplicidad de requisitos que permiten que se diluya la responsabilidad, los funcionarios públicos en Colombia tienen en general una amplia discrecionalidad, que equivale a decir que sus acciones en perjuicio del interés público no suelen traer consecuencias. En la medida en que esta situación prolifera, la corrupción avanza.

Los mecanismos de control de los resultados dc la gestión pública én Colombia son de baja calidad, tanto en lo que se refiere al control puramente administrativo e interno de las instituciones, como al castigo penal a cargo de agentes externos (por ejemplo, el sistema judicial) .

El Estado opera como proveedor monopólico de muchos de los servicios que presta en la sociedad colombiana. Estos monopolios permiten que existan entidades que funcionan durante largos períodos con bajos grados de eficiencia v elevados índices de corrupción, sin que el público pueda rechazarlas absteniéndose de comprar sus servicios. Se debe destacar que la existencia de monopolio, público o privado, se presta para la ocurrencia de corrupción. A la inversa, la introducción de competencia en la prestación de servicios, a través de unidades públicas o privadas, diluye las posibilidades de corrupción.

lamentablemente, la decisión y el apoyo del gobierno se debilitaron frente a la conspiración silenciosa de muchos sectores burocráticos que veían la posibilidad de perder los beneficios derivados del funcionamiento lento de los sistemas tradicionales que, como todos sabemos, crean un marco propicio para el mantenimiento del predominio clientelista y el ejercicio de la deshonestidad.

los directivos de entidades públicas entrevistados consideran en general que la denuncia a través de los medios de comunicación tiene un papel sobresaliente dentro de sus esfuerzos por combatir la corrupción.

Existe un antecedente significativo de una iniciativa privada enfocada a resolver el problema de la tramitomanía y la corrupción asociada a ella. A mediados de la década de los 80 se constituyó la comisión "Colombia Eficiente", como un esfuerzo liderado por el sector privado, en cooperación con el sector público, destinado a proponer soluciones para casos concretos de ineficiencia de este último.

los puntos de control o chequeo están repartidos a lo largo de la cadena administrativa, la tramitomanía contribuye a diluir la responsabilidad, pues las consecuencias indeseables deben ser. atribuidas a todos los que participan en la cadena. De esta forma no hay responsables reales por los descalabros, pues las decisiones no recaen en un solo funcionario.

Este tipo de control se basa en la disposición de múltiples procedimientos de chequeo, controles y requisitos casuísticos que deben verificarse a medida que progresan las acciones de la administración

xisten mecanismos legales creados para llevar a los empleados a responder por sus responsabilidades, pero su efectividad es muy baja.

El atractivo del dinero es suficientemente grande como para que se olviden los reparos respecto de la forma como éste es obtenido; desde el punto de vista de la actividad social de una persona, en Colombia probablemente causa una sanción social mayor no tener dinero que haberlo obtenido a través de la corrupción.

A nivel global, estos resultados, una vez más, son plenamente coincidentes con los de los años 2003 a 2005, siendo dos los principales cambios respecto del 2005: Aumento de 7,9 puntos porcentuales en la opción "Que se apliquen las leyes", y Reducción de 7,6 puntos porcentuales en "Más fiscalización".

las publicaciones de los medios de comunicación sobre el tema de la corrupción dependen casi en su totalidad de la información suministrada por los organismos fiscalizadores del gobierno, es decir, la Procuraduría y la Contraloría. Su labor se ha limitado ha servir de caja de resonancia del trabajo de estas dependencias.

Esta se ha limitado a unas pocas experiencias con pobres resultados. La ciudadanía no ha encontrado vínculos efectivos para presionar por una solución efectiva al problema de la corrupción. Esto se debe en buena parte a que su posición respecto del tema es ambigua, pues los actos corruptos existen precisamente porque hay agentes privados dispuestos a involucrarse en ellos.

la responsabilidad política existe para los altos funcionarios y requiere para que se haga efectiva la acción del Congreso. Hasta ahora ella solo se ha concretado en casos excepcionales.

La comisión "Colombia Eficiente" empezó sus labores con entusiasmo, pero pronto se marchitó. Aunque la comisión nació con el respaldo del gobierno, el sector privado terminó por convencerse de que sus recomendaciones no eran tomadas en serio y que se hacía poco por llevarlas a la práctica.

Las novedades introducidas en la legislación colombiana a partir de 1986, así como la Constitución de 1991 tratan de los mecanismos que permiten una mayor participación ciudadana en el manejo de la administración pública, los cuales ofrecen una gran oportunidad si se utilizan apropiadamente.

una organización permanente que no se disolvería al terminar el gobierno durante el cual fue creada. Su objetivo era encontrar puntos específicos en la administración pública donde la ineficiencia y la tramitología estuvieran presentes, estudiar las situaciones, presentar propuestas específicas de solución, hacer un seguimiento de los problemas y estimular la motivación del público en general en cuanto a la importancia de este esfuerzo. Los principales gremios del país se vincularon a la comisión.

Existe un antecedente significativo de una iniciativa privada enfocada a resolver el problema de la tramitomanía y la corrupción asociada a ella. A mediados de la década de los 80 se constituyó la comisión "Colombia Eficiente", como un esfuerzo liderado por el sector privado, en cooperación con el sector público, destinado a proponer soluciones para casos concretos de ineficiencia de este último.

Santa Fe de Bogotá, capital de la Nueva Granada, tenía apenas 64 años de fundada, era una aldea tranquila, lluviosa, que tiritaba de frío. Sus habitantes no llegaban a cuatro mil.

Medellin

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Contraloria del magdalena, cesar, Sucre, Amazonas, Guainia, Vichada , chocó y Vaupés

Contraloria del Casanare, Boyaca, Arauca, Bolivar y Santander

Sucre, Amazonas, Guainia, Vichada, Casanare, Boyaca, Arauca, Bolivar y Santander

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l ITN O Índice de Transparencia Nacional, mide las condiciones que tienen las instituciones para favorecer las transparecia y controlar posibles riegos de corrupción. Para calcilarlo se califican y promedian tres variables. Visibilidad: Disposición de la entidad para facilitar el acceso a la información sobre su gestión aministrativa y la calidad de los datos que se pueden consultar. Sanción: Los fallos de responsabilidad fiscal y disciplinaria que han afectado a la entidad que se evalúa así como la eficiencia de las oficinas de control interno. Institucionalidad: El cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos que rigen la entidad.

En lo que tiene que ver con contratación estatal, las prácticas de riesgo prevalecen. Allí la calificación siguen siendo por debajo del promedio: Municipios, 58 puntos y gobernaciones, 47. Solo el 78% de las licitaciones de las alcaldías tuvieron supervisión y en los departamentos la reina sigue siendo la contratación directa, conllevando a prácticas como el fraccionamiento de contratos.

Precisa Transparencia por Colombia que en las entidades del Estado no hay garantías en el sentido que allí trabajen los mejores, como tampoco hay garantías laborales en cuanto a estabilidad y capacitación. En este análisis las gobernaciones alcanzaron 47 puntos en la calificación y los municipios, 48, de 100.

El indicador de ‘meritocracia’ obtiene cero en alcaldías, solo una gobernación aplicó un proceso de méritos para el nombramiento de un funcionario en un cargo. Y ello dice mucho porque en el 76 por ciento de las entidades, el 75 por cientos de los servidores están vinculados por prestación de servicios.